Ley obliga a los proveedores de Internet a garantizar una velocidad mínima

Durante octubre de 2017, luego de varios años de discusión, se aprobó la Ley Número 21.046 que establece la obligación de garantizar una velocidad de acceso a Internet.

Esta legislación, en el Artículo 24 K, deja sumamente cuáles son algunos de los deberes que tiene a partir de hora las compañías: "Los proveedores de acceso a Internet deberán garantizar un porcentaje de las velocidades promedio de acceso, para los distintos tramos horarios de mayor y menor congestión, ofrecidas en sus diferentes planes comerciales, respecto a las conexiones tanto nacionales como internacionales, alámbricas e inalámbricas".

El proyecto de ley había ingresado al Congreso en septiembre de 2012 y desde entonces era discutido y analizado en distintas instancias legislativas, hasta que finalmente el año pasado se transformó en una realidad.

El objetivo de esta ley, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, fue fortalecer los derechos de los usuarios mediante la creación de reglas que permitieran garantizar la calidad del servicio.

"Gracias a este proyecto, podremos desarrollar un control mucho más efectivo, asegurando así que los usuarios reciban exactamente lo que contrataron y en caso que esto no pase tengan una compensación por ello. Esto es un paso más hacia la protección de los derechos de los consumidores", explicó la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia.

De esta forma, esta ley pone fin a la incertidumbre que tenían los usuarios, pues muchos no sabían cuál era su velocidad de navegación y si ésta variaba en las horas de alta demanda.

Ahora tendrán la tranquilidad de que las compañías proveedoras de Internet están obligadas a garantizar una velocidad promedio en los horarios de más y menos congestión, información que deberá quedar plasmada en el contrato que el cliente firme al momento de adquirir el servicio.

Pero eso no es todo, porque además habrá fiscalizadores que velarán por que las empresas cumplan con esta ley, los cuales se seleccionarán tras un llamado a licitación.

De igual forma, si el usuario descubre que su velocidad de navegación es menor que la contratada o tiene la sospecha de que no es la que solicitó, podrá pedir la "reparación o restitución del servicio, así como una compensación por el tiempo en que la conexión no se hubiese encontrado disponible o funcionando de forma defectuosa".

Incluso, el proveedor deberá poner a disposición del cliente un sistema o aplicación que le permite ir revisando su velocidad.

Además, las compañías ya no podrán bajar la velocidad o calidad de la conexión a Internet cuando se comienza a terminar la cuota de un plan, una práctica que antes de esta ley era muy usual.

No obstante, las empresas aún tienen tiempo para cumplir con la totalidad de las nuevas exigencias que les impone la ley, pues el plazo es de seis meses desde la promulgación, ya que se les dio un periodo de tiempo de adaptación y de ajustes técnicos.

Es importante mencionar que esta ley ha sido calificada como "revolucionaria" por algunos legisladores, pues aseguran que es prácticamente única en el mundo, ya que garantizará que el servicio que se contrate sea acorde con la publicidad y que su calidad se mantenga en el tiempo.