¿Qué es el delito de cohecho y cuáles son sus penas?

En el año 2016, el cohecho fue el delito de corrupción con más imputados, según los antecedentes entregados por la Fiscalía de Chile.

En el detalle, durante ese año, de los 403 casos de corrupción que llegaron al Ministerio Público, el 63 por ciento fue por cohecho, lo que equivale a 253. En segundo lugar se encontraba la malversación de fondos, en tercer lugar el fraude al fisco y por último los delitos de sobornos.

En este contexto, en Bufetes.cl te responderemos algunas preguntas sobre este tema.

Lo primero es aclarar los conceptos.

¿Cuál es la diferencia entre soborno y cohecho?

El soborno es el delito que comete una persona cuando "le ofrece o consiente dar a un empleado público un beneficio económico indebido para que éste ejecute un acto de su cargo, lo omita, infrinja sus deberes, ejerza influencia o cometa un delito funcionario", según explica la Fiscalía.

A diferencia del segundo delito, el de cohecho, es el delito que comete el empleado público al aceptar un beneficio económico (coima, soborno) o solicitarlo para "ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo, por omitirlo, por infringir sus deberes, por ejercer influencia o cometer un delito funcionario".

¿Cuáles son las penas que contempla actualmente el Código Penal por cometer cohecho?

El artículo 248 señala que los empleados públicos que cometan este delito serán sancionados con la pena de reclusión menor en su grado mínimo, además de la suspensión de su función -temporal o inhabilidad absoluta- en el sector público, y multas de acuerdo al beneficio solicitado o recibido.

¿Es posible aumentar las sanciones?

Debido al aumento sostenido que ha tenido el delito de cohecho desde el año 2014, en el Congreso ya se discute un proyecto de ley que aumenta las sanciones tanto para el cohecho como para el soborno.

La iniciativa ya se encuentra lista para pasar a su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados.

¿Qué contempla este proyecto de ley?

En términos generales, adecuar la ley a los estándares internacionales y así obtener "normativa sancionatoria más efectiva, proporcional y disuasiva en el control y combate contra el flagelo de la corrupción de funcionarios públicos y particulares", señalan desde el Senado.

Algunas de estas medidas son aumentar las penas partiendo desde la reclusión menor en su grado medio hasta la reclusión mayor en su grado medio; incrementar las multas; y determinar una inhabilitación absoluta y perpetua, según la gravedad del caso.

El proyecto además enfatiza que los bienes recibidos, malversados o defraudados por el empleado del sector público siempre serán decomisados.

Otro punto valorable es que tipifica el delito de soborno entre particulares y crea la figura penal de la administración desleal.

Cabe recordar que uno de los casos emblemáticos de cohecho en Chile fue el llamado Caso Coimas que, en el año 2002, involucró a quién entonces era el subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini.

¿Cuál fue si sentencia? Tres años y un día de prisión efectiva, una multa de 36 millones de pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Pero no fue el único, porque otros siete funcionarios también fueron condenados como autores y coautores de cohecho.